Villas Agrícolas: los responsables de la tragedia de Polyplas

Pánico, angustia, desesperación, llanto…fue el panorama vivido en el barrio de Villas Agrícolas en el Distrito Nacional, capital dominicana. Explotó la planta de Polyplas, dedicada a la transformación de diferentes resinas plásticas.

La información circuló primero en las redes sociales y luego se convirtió en noticias en los medios escritos, radiales y televisivos. No valieron las tecnologías de punta que enorgullecen a Polyplas, ni los protocolos de gestión de riesgos ante desastres para evitar la muerte de 7 personas y de decenas de heridos, daños a viviendas y centros escolares localizados extremadamente próximos a dónde funciona la empresa. Los daños emocionales, muchos irreversibles, serán superados a través del tiempo.

La sociedad dominicana, como es obvio, ha estado concentrada en los efectos de la explosión; no obstante hay responsables directos en el desenlace fatal de la explotación. Responsables en los ámbitos públicos y privados. Un entramado de instituciones de la administración pública tiene competencias y atribuciones para regular y prevenir que situaciones como la presentada se produzcan o no, y dejen de producirse. Las consecuencias legales tendrían que analizarse no sólo desde la acción pública contra la empresa. Este entramado de instituciones involucra a los Ministerio de Industria y Comercio, el de Medio Ambiente, Educación, Obras Públicas y al Ayuntamiento del Distrito Nacional.

El cumplimiento de las normas o marcos jurídicos que regulan el campo de almacenamiento de combustible es responsabilidad de Industria y Comercio, su propia Ley 112-2000 sobre hidrocarburos establece la condición de 700 metros para depósito de consumo propio de combustible. Y aquí cabe una pregunta: ¿Autorizó este Ministerio a Polyplas a gestionar una mayor capacidad de almacenaje sabiendo el peligro que significaba para el asentamiento urbano próximo a la planta?.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente tiene responsabilidades en materia de monitoreo y evaluación de las condiciones adecuadas para un funcionamiento pertinente. También, es responsable de emitir las licencias ambientales a todas las empresas privadas, y mucho más a la de este tipo. Si bien es cierto que Polyplas se asentó en Villas Agrícolas en la década de los años 60s del siglo pasado, no menos cierto es que el Ministerio de Medio Ambiente, surgido por la Ley 64-00 del año 2000, tiene responsabilidades de monitorear la planta y para actualizar la licencia, lo cual es probable que haya hecho en los últimos 18 años. Medio Ambiente, tiene como responsabilidad principal, además de certificar que las empresas no dañan el medio ambiente y a las personas, busca garantizar que las empresas funcionen bajo enfoque de sostenibilidad. Pero en República Dominicana es vox populis que este Ministerio, muchas veces, es una fábrica de licencias ambientales a empresas que incumplen con estándares mínimos para un funcionamiento sostenible.

En relación al Ministerio de Educación hay que cuestionar que han habido irresponsabilidades en alto grado en relación a decisiones de construir escuelas que cohabiten o convivan territorialmente con una empresa que cae en la clasificación de nociva o peligrosa, porque sus actividades presentan potenciales riesgos por explosión, incendio o emisiones que contaminen la atmósfera. Solamente en uno de los centros escolares, el politécnico Manuel Aurelio Tavárez Justo, están inscritos más de 700 estudiantes.

Por su lado, Polyplas se instaló en Villas Agrícolas en la década de los años 60s. Una época en la cual la ciudad de Santo Domingo estaba iniciando su primera transición demográfica y su expansión urbana. Polyplas, en ese momento se observó como un medio para la generación de empleos y para abrir oportunidades de desarrollo económico. Era una empresa pequeña. Posteriormente fue desarrollándose y creciendo, concomitantemente con la ampliación demográfica o incremento de la población como resultado de los flujos migratorios campo-ciudad.

En el contexto de expansión demográfica y territorial es que entran las irresponsabilidades del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento del Distrito Nacional. El primero con responsabilidades en la autorización de licencia de construcción y el segundo con facultad o competencia en materia de uso de suelo. Impensable que en un Estado social, democrático de derecho un organismo público pueda emitir licencia de construcción y uso de suelo, sea para ampliar una infraestructura privada o construcciones de viviendas, negocios o escuelas. Es lo que ocurrió con estos dos organismos que han permitido una evolución de la expansión territorial sin aplicar normas, regulaciones y monitoreo del crecimiento territorial y de cambios de los usos de suelo de modo discrecional, sea por las empresas privadas o por particulares.

Polyplas lanza un grito de guerra: “nos levantaremos juntos a la comunidad que nos premia con su solidaridad”. Un grito que es una irresponsabilidad mayúscula, porque está desafiando a la comunidad y al Estado. Esto en el sentido de que la empresa seguirá operando en un territorio traumatizado y cuyas amenazas de riesgos se sostienen. Y este grito de guerra es el grito de todos aquellos que instalan estaciones de gasolina y gas licuado de petróleo, aquellos que usufrutuan ilegalmente los espacios públicos y que construyen edificaciones irrespetando elementales normas urbanas, los que instalan talleres y fábricas de diferentes naturalezas en barrios y residenciales. Los que van asesinando la ciudad y provocando un urbanicidio.

El destino de Polyplas debería ser salir de Villas Agrícolas y todas aquellas empresas que presentan potenciales riesgos para la población. Pero no sólo que salgan de Villas Agrícolas, que salgan de todos los territorios donde hay uso de suelo mixto, pero mixto incompartible, como es el caso analizado. Es una oportunidad para aplicar la estrategia de relocalización de suelo y que la empresa se ubique en un suelo que cumpla con normativas sostenibles para la operación de este tipo de empresa.

Todos los daños directamente producidos deben ser solventados, resueltos o solucionados por Polyplas. Ni Obras Públicas, ni Educación y ni el ADN pueden usar fondos públicos para remediar daños que tienen un origen privado en una acción privada, y si lo han hecho tienen que pasar facturas a la empresa directamente responsable de la tragedia para que paguen a los afectados.

Finalmente, que la tragedia de Polyplas sirva de justificación para que de modo definitivo los gobiernos locales asuman políticas claras y normativas sobre los diversos usos y ocupaciones de suelo que permitan ordenar el territorio, que es una construcción social, bajo un enfoque de desarrollo sostenible. Para que el Ministerio de Medio Ambiente, además de técnicos especializados, se soporte en opinión ciudadana al momento de emitir licencias ambientales, y abandone los esquemas de manejo de discrecional de los permisos de operaciones del campo privado, cuyo fin es el capital financiero, no el capital social ni las personas.

La institucionalización del uso de suelo es ahora. No hay que esperar a que se multipliquen las tragedias y a que llegue el terremoto, porque será demasiado tarde.